Límites al poder de vigilancia y control del empresario: Derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

El uso de medios tecnológicos y servicios de mensajería instantánea está cada vez más extendido en el ámbito laboral. Corresponde a cada empresario, en el ejercicio de su poder de dirección, fijar las condiciones de uso de los medios informáticos asignados a cada trabajador. Más aún, nuestros órganos jurisdiccionales recomiendan que, acorde con las exigencias de buena fe, antes de proceder a la revisión de las comunicaciones electrónicas y telefónicas, la empresa proceda a establecer unas reglas de uso de los medios electrónicos, contemplando las prohibiciones al respecto que estime convenientes. Adicionalmente, en caso de llevar a cabo dicho registro, sería conveniente que informara a los trabajadores de que va a proceder a realizar un control de los mismos, así como los medios que se emplearán para hacer las comprobaciones necesarias.

     A pesar de las medidas que puedan adoptarse, es frecuente en la praxis que, como consecuencia de estas actuaciones, colisionen, por un lado, la facultad de vigilancia y control del empleador, recogida en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) , y, por otro lado, los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de los empleados, recogidos, respectivamente, en los artículos 18.1 y 18.3 de la Constitución Española (CE). Aunque los derechos fundamentales, como lo son la intimidad y el secreto de las comunicaciones, gozan en nuestro ordenamiento jurídico de una especial protección, ello no implica que carezcan de límite alguno. Es por ello por lo que, para determinar si han de prevalecer los derechos de los trabajadores o los del empresario deberá atenderse al caso en concreto.

     Especial significación cobra a este respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) que a continuación nos disponemos a analizar. La STC de 17 de diciembre de 2012 (RTC 2012\241) juzgó un caso similar al conflicto que aquí planteamos. El supuesto de hecho enjuiciado fue el que sigue: dos trabajadoras instalaron en el ordenador que la empresa les facilitaba para el desarrollo de sus funciones un programa de mensajería instantánea, vulnerando así la expresa prohibición de la empresa de llevar a cabo este tipo de prácticas. Casualmente, un trabajador encontró, al acceder al ordenador, unos mensajes en los que aquellas criticaban a sus compañeros, superiores y clientes. El empresario únicamente procedió a amonestar a las trabajadoras verbalmente. A pesar de ello, ambas trabajadoras decidieron acudir a la vía judicial, y, una vez agotada, recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), al entender violados sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

     Existían en el caso en cuestión dos intereses totalmente contrapuestos: por un lado, los derechos fundamentales de las trabajadoras a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y, por otro lado, las facultades organizativas del empresario, que le permiten ejercer funciones de vigilancia y control sobre las actividades llevadas a cabo por sus empleados.

     El TC comenzó reconociendo que las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos del trabajador, en especial, por sus derechos fundamentales, quedando obligado el empleador a su respeto. Ejemplo paradigmático de ello lo encontramos en lo dispuesto en el artículo 20.3 ET, que establece como límite a la facultad de vigilancia y control del empresario el respeto a la dignidad humana del trabajador. Afirma dicho precepto: 

El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso

     A pesar de dicha afirmación, el TC entendió que, en el supuesto que aquí nos ocupa, no se había producido una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras, fundamento dicha postura en los siguientes motivos:

     En primer lugar, resultó fundamental en el litigio un dato fáctico: el ordenador empleado por las trabajadores era propiedad de la empresa. Dicho ordenador carecía de clave de seguridad alguna, por lo que cualquier empleado podía acceder a él con facilidad. Por consiguiente, el TC entendió que dichas comunicaciones no podían quedar amparadas por los derechos recogidos en el artículo 18 CE, al tratarse de formas de comunicación que se configuran como comunicación abierta, esto es, no secreta.

     En segundo lugar, también fue trascendente en el supuesto en cuestión el hecho de que la empresa prohibiera a sus trabajadores, de manera específica, la instalación en el equipo de cualquier tipo de programa informático.  Por tanto, y en palabras del propio tribunal:

 ...no existiendo una situación de tolerancia a la instalación de programas y, por ende, al uso personal del ordenador, no podía existir una expectativa razonable de confidencialidad derivada de la utilización del programa instalado, que era de acceso totalmente abierto y además incurría en contravención de la orden empresarial.

     Por todas las razones expuestas con anterioridad, el TC, en esta ocasión, denegó el recurso de amparo a las trabajadoras, al entender que no se producía una violación de sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, otorgando así, en esta ocasión, primacía al poder de vigilancia y control del empleador.

¿Qué hubiera ocurrido si, utilizando el equipo que les facilita la empresa para el desarrollo de sus funciones, el acceso a los servicios de mensajería se realice desde una cuenta personal ¿Y si se entablasen dichas conversaciones desde un equipo privado pero empleando una cuenta corporativa de la entidad para la que prestan servicios? ¿Podría la empresa acceder a dichos mensajes o violaría el derecho fundamental a las comunicaciones de sus trabajadores?

Alberto Castejón